El proceso de cobranza judicial puede ser necesario cuando los intentos extrajudiciales de cobro de una deuda fallan (cobros que pueden ser más amistosos) y se requiere la intervención de los tribunales.
En este artículo, responderemos a tu pregunta: ¿Cuándo es recomendable iniciar un proceso de cobranza judicial y cuáles son los pasos a seguir? Exploraremos las situaciones en las que es recomendable iniciar un proceso judicial de cobranza y describiremos los pasos necesarios para hacer valer los derechos del acreedor, que incluyen el embargo de bienes y la ejecución de sentencias en última instancia.
Si eres un acreedor en busca de recuperar una deuda, sigue leyendo para obtener información útil sobre cómo proceder.
Existen algunas opciones alternativas a la cobranza judicial, que deberían ser consideradas por el acreedor previamente, para obtener el recupero de la deudas. Alguna de estas opciones son:
Después de haber agotado todas las posibilidades de llegar a un acuerdo extrajudicial con el deudor, se puede considerar iniciar un proceso de cobranza judicial. El objetivo es resolver el problema de manera amigable y evitar los costos y el tiempo que implica un proceso judicial. Si todas las gestiones previas han sido infructuosas y el deudor no muestra disposición para pagar, puede ser necesario recurrir a la vía legal para recuperar la deuda.
Es importante documentar todas estas gestiones y contar con pruebas de comunicación y notificaciones realizadas al deudor. Esta documentación será fundamental para respaldar el reclamo, en caso de iniciar un proceso judicial de cobranza.
Además, es recomendable consultar con un abogado especializado en cobranzas para evaluar la la conveniencia de ir a juicio y conocer los requisitos y pasos específicos que se deben seguir en un juicio.
¿Qué pasa si el juez emite una sentencia favorable al acreedor?
Una vez que el proceso de cobranza judicial llega a la etapa de dictación de la sentencia, el juez analizará las pruebas (ya sea de una o ambas partes, dependiendo de si el deudor está en rebeldía o no), para luego determinar si existe o no una deuda. Si el juez falla a favor del acreedor, significa que el deudor es responsable de la deuda y se le ordena pagarla.
Si el deudor no cumple voluntariamente con la sentencia, el acreedor puede solicitar medidas de ejecución de sentencia para asegurar el pago. Algunas medidas que el acreedor puede solicitar incluyen:
• Embargo: Se bloquea la posibilidad de disponer de los bienes embargables del deudor, como propiedades, vehículos o cuentas bancarias, como garantía de pago.
• Subasta: Si los bienes embargados no son suficientes para cubrir la deuda, se pueden subastar en público. Si el monto obtenido no es suficiente, el acreedor puede seguir ejecutando la sentencia y embargar otros bienes del deudor.
En Chile existen leyes que protegen los derechos de los deudores, por tanto no es admisible cualquier gestión de cobro, particularmente en el ámbito extrajudicial. Tanto los acreedores como los deudores, especialmente las pequeñas y medianas empresas sin mayor conocimiento legal, pueden beneficiarse amplimente de la asesoría legal de un abogado especializado. Esto les permitirá comprender sus derechos y obligaciones en cada caso, obtener orientación experta y garantizar el cumplimiento de sus derechos.
Imaginemos que una PYME tiene una deuda de $1.000.000 de pesos chilenos con un cliente y, después de intentar el pago de manera amistosa sin éxito, la empresa decide iniciar un proceso de cobranza judicial. En primer lugar, se presenta una demanda en el juzgado correspondiente, por ejemplo, si la empresa tienen domicilio en Curicó, se presenta la demanda en dicha ciudad, para luego notificar al representante del deudor. Si el cliente no responde en un plazo de 8 a 18 días hábiles (depende del procedimiento), se puede seguir avanzando con el proceso judicial.
En este caso hipotético, el cliente deudor responde a la demanda (presentación de excepciones), pero no presenta pruebas que demuestren el pago de la deuda. El juez determina que el cliente debe el monto demandado, y ordena que se embargue bienes suficientes para cubrir la deuda. Una vez que se lleva a cabo el embargo, se designa a un martillero público para que los bienes sean rematados en una subasta pública.
En la subasta, se logra recaudar $800.000 pesos chilenos, pero aún quedan $200.000 pesos chilenos por cubrir. En esta situación, la PYME acreedora puede solicitar que se embarguen otros activos del cliente deudor (en caso de que existan otros), como fondos de cuentas bancarias, hasta completar el pago del monto total de la deuda.
Iniciar un proceso judicial de cobranza puede ser una opción para aquellos acreedores que han agotado todas las instancias de cobranza extrajudicial sin éxito.
Los pasos pueden variar dependiendo del tipo de proceso judicial, pero en general, se deben presentar pruebas y argumentos ante el juez, quien emitirá una sentencia al final del proceso. Si el juez dicta una sentencia favorable al acreedor, se pueden llevar a cabo medidas como de apremio como el embargo y la posterior subasta de bienes del deudor.
No siempre se logra recuperar la totalidad o parte de la deuda, especialmente si el deudor se encuentra en una mala situación financiera y no cuenta con bienes embargables, pero resulta ser la última herramienta legal para hacer valer los derechos de los acreedores para obtener una solución justa.
Es importante contar con una documentación clara y categórica que respalde la existencia de la deuda, así como el apoyo de un profesional para garantizar un proceso eficiente y sin errores.
En ProtegePyme contamos con un equipo de profesionales especializados en cobranza judicial, brindando asesoría y representación legal a nuestros clientes para recuperar sus deudas impagas. Si necesitas ayuda en un proceso de cobranza, contáctanos hoy mismo para iniciar la cobranza judicial.